Asamblea Legislativa se expidió por inconstitucionalidad de Ley de Caducidad
Esta semana, más precisamente el miércoles, la Asamblea General se expidió al respecto de la inconstitucionalidad de la amnistía a los violadores de los redecíos humanos, durante la última dictadura en ese país (1973-85), otorgada a través de la Ley de Caducidad, plebiscitada en 1989, durante el primer gobierno democrático, luego del régimen de facto.
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Esta semana, más precisamente el miércoles, la Asamblea General se expidió al respecto de la inconstitucionalidad de la amnistía a los violadores de los redecíos humanos, durante la última dictadura en ese país (1973-85), otorgada a través de la Ley de Caducidad, plebiscitada en 1989, durante el primer gobierno democrático, luego del régimen de facto.
La expedición del Legislativo al respecto del tema, fue promovida por el vicepresidente de la República, y presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, tras una consulta realizada al órgano, por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
En los días previos a la sesión, el departamento jurídico del Poder Legislativo informó que el Parlamento no tenía “legitimación pasiva” para expedirse al respecto de la consulta de la SCJ, y afirmó que existen “argumentos que respaldan la constitucionalidad”.
Se difundieron versiones de que habían existido presiones de Nin Novoa para que se dijera que la ley era inconstitucional, lo que fue desmentido por ese departamento.
Finalmente, el cuerpo, con 69 votos del oficialismo en 71 asambleístas presentes, respondió a la SCJ “allanándose a la pretensión de inconstitucionalidad, por vía de excepción, planteada por el Ministerio Público y Fiscal.”
Uno de los senadores opositores en sala, el ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, en ejercicio cuando se votó la Ley de Caducidad, dijo que esta “tiene la máxima legitimidad, porque no solo la votó el Parlamento, sino que fue declarada constitucional por la Corte y respaldada luego en un plebiscito”, a lo que agregó que “Acá no debiéramos estar debatiendo, sino diciendo que no somos competentes y que no tenemos derecho a ejercer una presión política sobre la Corte.”
Por su parte, los legisladores del sector Alianza Nacional, del Partido Nacional, no entraron a sala, argumentando que la conducta del Frente Amplio (partido de Gobierno) es “un atropello al Estado de Derecho y en particular, a la soberanía popular que se pronunció en referéndum celebrado en 1989, por ratificar la Ley de Caducidad”.
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