El gobierno de Obama debió tomar una posición en relación a la posibilidad de apelar de los detenidos en una base aérea militar norteamericana en Afganistán.

Tras un pedido de los presos de esa base, para que sus casos fueran revisados por los jueces, y la consulta del juez federal de distrito, John D. Bates, quien preguntó al nuevo gobierno si quería modificar la postura del gobierno de Bush,  según la cual los jueces federales no tenían competencia en apelaciones o demandas de los detenidos en la cárceles militares como las de Guantánamo y Afganistán, entre otras.

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