La presidenta argentina, Cristina Fernández (en la fotografía dialogando con Mahmud Abbas), realizó hoy declaraciones al respecto de las islas Malvinas y de la conformación de un Estado palestino, en el marco de la la II Cumbre de Presidentes de América del Sur y los Países Árabes, que se celebra en Doha.

Sobre las Malvinas, la mandataria conversó personalmente este fin de semana con el propio primer ministro Gordon Brown, en Chile, durante la Cumbre de Presidentes Progresistas celebrada en Viña del Mar. En la instancia el premier británico le manifestó a la presidenta argentina su negativa al reclamo de devolución.

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La investigación no comenzará hasta julio, mes en el que se estima que los 4100 soldados que aún se encuentran en suelo Irakí regresarán a su país. “El momento de centrarse en una investigación oficial será cuando los soldados estén seguros en nuestro país, no cuando todavía están expuestos al peligro en Irak”, dijo el canciller.

Según Miliband, el Gobierno quiere garantizar que habrá una “conclusión tranquila y eficaz de la participación militar británica en Irak”.  Según periódicos locales, el gobierno Británico ya había señalado en un pasado que comenzaría estas investigaciones una vez que de los 4100 soldados ingleses, queden únicamente 400 en Irak.

David Milibad afirmó que el Ejecutivo se compromete a llevar a cabo una investigación “exhaustiva”.
Respecto al momento en que comienzan las investigaciones, William Hauge, responsable de política exterior del Partido Conservador, Hauge piensa que las mismas deberían haber empezado hace ya varios años.

Hague acusó al Ejecutivo de retrasar deliberadamente la investigación para evitar que sus conclusiones se den a conocer antes de las elecciones generales que deben celebrarse en 2010.
Frente a esto, el parlamento aseguró que esta investigación será un tema central en la agenda gubernamental.

Según Hague, la investigación debe centrarse en cómo los ministros se “quitaron la responsabilidad” en los meses previos a la invasión.  Así mismo, otras áreas que se tendrán en cuenta en la investigación son el uso de información provista por los servicios de inteligencia, cómo se trató con EE.UU. y otros aliados y los errores de planificación para los meses posteriores a la invasión.

Esta no es la primera investigación que se llevará a cabo en el Reino Unido sobre asuntos que se relacionen con Irak, aunque si se espera que sea la más clara y exhaustiva.

Deseos por saber qué fue lo que llevó al país a comprometerse con una situación semejante (la cual hasta ahora ha dejado como principal saldo pérdida de vidas), un tribunal ordenó al Ejecutivo a publicar las actas que se comenzaron a escribir en el año 2003. Generalmente, estos documentos deben permanecer 30 años en secreto, para recién luego ser revelados. Sin embargo, la trascendencia de la causa, obligó a tomar esta decisión.

A pesar de esto, el secretario de justicia, Jack Straw, afirmó que, amparándose en una cláusula de la ley de libertad de información, vetaría la iniciativa de publicar las actas. En este caso, el gobierno podría haber decidido apelar la decisión de Straw, pero en su lugar decidió por aprobar el veto ministerial, siendo esta la primera vez que se utiliza desde que dicha ley entró en vigencia.

Respecto a los motivos por los cuales Straw tomó esta decisión, él aseguró que no fue una decisión tomada por capricho, o sin ser analizada previamente, sino que por el contrario, creyó que de esta manera evitaría que se causen daños serios al gobierno.

“Hay que lograr un equilibrio entre la apertura y el mantenimiento de ciertos aspectos de nuestra estructura de gobierno democrático”, alegó Straw. El ministro añadió que era necesario proteger la confidencialidad de las discusiones ministeriales.

Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con esta moción, ya que las declaraciones del ministro de justicia fueron recibidas en la cámara de los comunes con gritos de “vergüenza” y “escandaloso”.  Sorprendentemente, el opositor Partido Conservador, consideró la decisión del gobierno “acertada” ya que la publicación de las actas impediría que en el futuro los ministros discutieran temas polémicos con amplitud.