Esta semana, más precisamente el miércoles, la Asamblea General se expidió al respecto de la inconstitucionalidad de la amnistía a los violadores de los redecíos humanos, durante la última dictadura en ese país (1973-85), otorgada a través de la Ley de Caducidad, plebiscitada en 1989, durante el primer gobierno democrático, luego del régimen de facto.

La expedición del Legislativo al respecto del tema, fue promovida por el vicepresidente de la República, y presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, tras una consulta realizada al órgano, por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

En los días previos a la sesión, el departamento jurídico del Poder Legislativo informó que el Parlamento no tenía “legitimación pasiva” para expedirse al respecto de la consulta de la SCJ, y afirmó que existen “argumentos que respaldan la constitucionalidad”.