A pesar de la constatación por parte del Consejo de Guardianes de la emisión de más de tres millones de votos extras en unas 50 ciudades iraníes, durante los comicios del 12 de junio pasado, el organismo ha anunciado que no impugnar las elecciones, argumentando que la diferencia fue mucho mayor entre ambos candidatos,  por lo que la irregularidad no influyó directamente en los resultados finales.

“No existe ninguna posibilidad de que la votación sea anulada”, declaró Abbas Ali Katjodai, portavoz del Consejo, en una entrevista para la televisión pública y la emisora Press TV.

El Parlamento, por su parte, comenzó los preparativos para la formalización de la asunción a su segundo período consecutivo, del presidente Mahmud Ahmadinejad, lo que acontecería entre el 26 de julio y el 19 de agosto.

Mientras el Consejo de Guardianes sostiene que no existen motivos para repetir el acto eleccionario, y el órgano legislativo da sus primeros pasos de preparación de la ceremonia en la que Ahmadinejad se consagraría como presidente por un nuevo período, el principal opositor Mir Hosein Musavi y sus seguidores siguen reclamando por fraude, y exigiendo la reiteración, imponiéndose incluso al propio ayatollah Alí Jamenei que ha ordenado dejar las protestas y aceptar los resultados.

Esta posible ley estuvo cinco meses en la Cámara de Senadores, por lo cual algunos diputados no están conformes con la presión del gobierno para que en pocos días se defina su aprobación. “De lo que se trata es de despachar el proyecto bien y yo creo que no tenemos el tiempo adecuado para realmente poder generar la discusión, retroalimentarnos con lo que se ha dicho aquí y discutir los diferentes puntos de vista”, manifestó el diputado del Partido por la Democracia (PPD) Guillermo Ceroni.

Sin embargo, aunque dijo que transmitiría dichos reclamos a la presidenta, el secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, señaló que “se discutió hasta la saciedad este tema hace un año, no es la primera vez que discute este tema, no es que los hayamos sorprendido”.

La ley sumaría unos 800.000 votantes al padrón electoral de fin de año, lo cual genera incertidumbre en los partidos de oposición. Bachelet pidió que a la hora de aprobar el proyecto se actuara “sin calculadora en mano”. Similares declaraciones fueron la del presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, quien exhortó a los diputados que voten el proyecto “con calor y con pasión”.

Guillermo Teiller, presidente del Partido Comunista, acusó a los partidos de oposición de centrar sus intereses en especulaciones electorales con respecto a los nuevos votantes que la ley permitirá. “Los parlamentarios tenían muy ordenadito el cuadro, muchos estaban pensando en su reelección, pero cuando vieron la cantidad de nuevos electores que se sumaban por distrito les entró el pánico”, expresó.

Fuente: Telam