Tras el comienzo de las investigaciones sobre torturas aplicadas en la base norteamericana de Guantánamo a prisioneros acusados de terrorismo, iniciadas por el Congreso de Estados Unidos, con el apoyo del presidente Obama, la ex secretaria de estado, Condoleezza Rice, fue señalada por un caso particular.

La información disponible en los memorandos difundidos indica en julio de 2002, Rice, que por ese entonces ocupaba el puesto de consejera de Seguridad Nacional de Bush, aprobó el uso del método de la tabla de agua (similar al submarino) para el interrogatorio de Abu Zubaydah, el más importante miembro de Al Qaeda capturado hasta ese momento.

La decisión del Congreso de investigar, la difusión del nombre de Rice entre los implicados, y el apoyo brindado por Obama, ha generado malestar en el ambiente político norteamericano.

El senador, y ex candidato a la presidencia por el Partido Republicano, dijo al canal ABC que “Esto se va a volver una caza de brujas”, y agregó que no se puede “criminalizar a quienes dieron un consejo legal, a menos que se pueda probar que violaron intencionalmente la ley”.

El tema también generó discrepancias dentro del Partido Demócrata. Mientras Nancy Pelosi, jefa de la bancada en Diputados se mostró favorable a la constitución de una comisión investigadora, Harry Reid, jefe en Senadores, dijo que “Sería muy poco sabio empezar con comisiones, tribunales, consejos, etcétera, hasta que no sepamos como fueron todos los hechos”.

Los dolores de cabeza no cesan para el presidente boliviano Evo Morales, que después de ganar el referéndum por la reforma constitucional, se encontró con el llamado de desobediencia de algunos prefectos opositores, hacía la nueva constitución.

Un caso de corrupción, en el que podría estar implicado el presidente de la petrolera estatal YPBF, Santos Ramírez (junto al presidente en la foto), dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), y hombre allegado políticamente a presidente.

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La tragedia de la discoteca Cromagnon, sucedida en Buenos Aires el 30 de diciembre de 2004, cuando la banda Callejeros daba un recital en el boliche, en la que murieron 194 personas, sigue vigente.

Después de 5 años del acontecimiento que enlutó aquel fin de año a la capital argentina y al país todo, la justicia sigue su investigación, tratando de establecer responsabilidades.

El miércoles 7 por la mañana tuvo lugar una nueva audiencia en el Tribunal Oral Criminal Nº 24, que lleva la causa, después de un intervalo de casi dos semanas desde la última instancia. En calidad de testigos declararon una sobreviviente del siniestro y Luis Antonio Visconti.

En su declaración, la chica describió lo que vivió en ese momento, “Me subí a una valla. Mucho no se veía. Vi un resplandor al mirar para arriba, se había prendido fuego el techo. Me bajé y le dije a mi ex novio, Cristian que nos fuéramos”.

El punto más angustiante de su narración estuvo cuando dijo “Los oídos me retumbaban y ahí fue cuando me dije ‘ya está, acá me quedo, pero no me moría más”.

Por su parte, Visconti fue más controvertido, en primer momento se presentó como “vendedor de ropa”, luego aceptó – ante la pregunta del abogado José Iglesias, querellante por el padre de uno de los jóvenes muertos en el incendio - que de manera ocasional también trabajaba como “seguridad” en recitales de rock.

Un dato no menor aportado por el testigo es que en la noche del 25 de diciembre (cinco días antes de la tragedia), había estado trabajando en Cromagnon, pero contratado por “La 25”, banda que tocaba esa noche en el boliche, y en esa ocasión también se había iniciado un foco de incendio, que se controló y luego se continuó de forma normal con el toque.

Sobre quien lo contrataba cuando brindaba servicios en Cromagnon, Visconti, apenas pudo dar su nombre, “Sergio”, y ningún otro dato que permitiera identificar a la persona; lo único que agregó es que lo había conocido por intermedio de un tercero.

Iglesias solicitó entonces al juez que se inicien las investigaciones para dar con quien presentó a Visconti con “Sergio”, para poder saber quien es este último, y citarlo en calidad de testigo.

Sobre la noche puntual del 30 de diciembre, Visconti dijo que vio ingresar “desde la izquierda y en dirección al mangrullo a un chico con otro arriba, a caballito que encendió un trapo”.

Ante esta afirmación Paz Trebino, abogada de Omar Chabán (dueño del boliche) le preguntó si podría identificar a los jóvenes, a lo que respondió que no “porque no se veía mucho, estaba todo a oscuras”.

Se encontró en Chile la existencia de nombres de personas vivas que figuran en el listado de detenidos desaparecidos de la dictadura del General Pinochet.

Esta misma nómina se encuentra en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos, en el Cementerio General de Santiago.

La confirmación de cuatro casos, el primero de los cuales fuera denunciado en noviembre pasado por parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), y otros tres, dados a conocer previo al fin de año, llevó a la Corte de Apelaciones de Santiago a tomar la resolución de designar al juez Carlos Gajardo para que se dedicara a investigar estos casos en exclusividad.

La confirmación de estos casos, dio lugar a la realización de dos actividades en el Cementrerio General de Santiago, durante el fin de semana. El sábado, los familiares nucleados en la AFDD procedieron a borrar los nombres de las personas vivas del Memorial de los Detenidos Desparecidos.

Por su parte, el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) hicieron ayer un acto de homenaje y desagravio en el mismo lugar, donde colocaron ofrendas florales, y se pronunciaron ambos partidos, a través de sus presidentes.

Camilo Escalona, del PS, acusó a la derecha de “no cortar el cordón umbilical con la dictadura”, agregando que “cuando observamos parlamentarios de la oposición que vuelven a desconocer esa verdad histórica, tenemos razones para lamentablemente llegar a la conclusión que la huella tenebrosa y macabra de la dictadura está presente en la nueva generación de la derecha”.

En tanto que Pepe Auth, del PPD, señaló que “los errores, las conclusiones y los fraudes a la fe pública parten del oprobio y la injusticia de lo incalificable que resulta que aquellos que poseían la verdad sobre lo ocurrido no tuvieron la valentía de contársela al país”.