Un grupo de escritores e intelectuales, entre los que se encuentra Mario Vargas Llosa, denunciaron en el marco del foro sobre libertad y democracia, organizado en Caracas por la institución opositora Cedice, que el socialismo del siglo XXI liderado por el presidente Hugo Chávez es una “amenaza” que dirige al país hacía “una dictadura comunista”.

“En ese camino si no se interrumpe y cesa, Venezuela se convertirá en la segunda Cuba de América Latina”, se pronunciaron los participantes.

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Recientemente, el gobierno boliviano declaró haberse sumado a su lucha por la justicia, y luego de varias investigaciones, informó haber encontrado restos humanos, celdas subterráneas y documentos oficiales de la época de la dictadura. Todo esto fue encontrado en las profanidades del Ministerio de Gobierno de Bolivia, en el centro de la ciudad de la paz.

Con el fin de dar a conocer lo encontrado, el pasado martes el ministerio armó una exposición en la cual se mostraban tanto fotografías como documentos antiguos. Así mismo, se exhibieron bolsas plásticas que contenían restos de huesos. También se permitió que los medios entraron a los túneles donde se hallaron todas estas evidencias.

El impulsor de la búsqueda de estas celdas es el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, quien denunció haber sido torturado en ese mismo sótano cuando tenía 16 años y militaba en el izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), de inspiración guevarista.

El viceministro Farfán comentó que hace dos años ingresó a trabajar al Ministerio de Gobierno y que, por curiosidad, buscó las celdas en las que estuvo recluido en 1972, pero como no halló ninguna evidencia sugirió al ministro hacer remodelaciones a la infraestructura y, al mismo tiempo, investigar el pasado político del país.

Así empezó esta búsqueda que ahora está en manos de la Fiscalía. Respecto a su detención, Fafán se encontraba en la casa de su madre cuando militares que respondían al dictador Hugo Bánzer Suárez vinieron por él: “Me subieron al Ministerio de Gobierno, me metieron al sótano, eran ocho o nueve (personas), de inmediato me dieron una primera golpiza para preguntarme de los contactos”.

“Como pensaban que estaba ocultándoles información me llevaron a una celda que botaba agua, de una cañería caía una especie de ducha y la celda se iba llenando (…) de afuera metían cables de luz eléctrica y como yo estaba desnudo me hacían zapatear con la descarga eléctrica”.

A pesar del dolor vivido, Fafán aseguró que no le interesa cobrárselas con sus torturadores, ya que los mismos “ya están ancianos”. Sin embargo, el actual presidente boliviano, Evo Morales, no está de acuerdo con esta afirmación, demostrando que está convencido en hacer justicia: “Si se demuestra que son huesos de seres humanos, los pichones de la dictadura tendrán que pagar esa situación”, afirmó.

El objetivo de este proyecto, es que al menos se lleve a juicio y se intente hacer justicia contra aquellos que perpetraron una dolorosa y sangrienta guerra civil, dejando abiertos decenas de miles de casos de tortura, homicidios y desapariciones. Según AI, durante 1960 y 1996, años durante los cuales se llevó a caso la guerra civil, 669 fueron los casos de masacre indiscriminada, y más de 200 mil los asesinatos o desapariciones forzosas.

La organización de derechos humanos considera que la creación de la comisión es fundamental para poner en marcha las recomendaciones formuladas -hace exactamente diez años- por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico guatemalteca, creada por las Naciones Unidas.

“Creemos que este décimo aniversario es una excelente oportunidad para que el gobierno de Guatemala renueve su compromiso con los derechos humanos y creemos también que la sociedad civil guatemalteca está pronunciándose muy enérgicamente para que haga lo mismo”, argumentó Sebastián Elgueta, investigador para Guatemala de AI.

Según AI, la comisión llegó a la conclusión de que los responsables de dichas masacres fueron el ejército y sus aliados. Sin embargo hasta el momento nadie ha sido procesado por los crímenes. Pero además AI considera que la falta de la aplicación de las recomendaciones hechas por la comisión de esclarecimiento histórico está profundamente ligada a la impunidad que se vive actualmente en el país centroamericano.

“Eso ha creado un efecto de un estado de impunidad donde la norma es que los crímenes no se investiguen ni son llevados ante la justicia los responsables”, agregó Elgueta. Sin embargo, Carlos Castresana, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), argumentó que:

“Parece que la tarea es ingente, que estamos ante situaciones de instituciones gravemente disfuncionales y que dos años es insuficiente”, dijo Castresana en la sede de la ONU en Nueva York. El diplomático señaló que depende de las partes del contrato que le dio el mandato en Guatemala, el cual expirará en septiembre, el que se prolongue el período pues “pese a que las dificultades son enormes, puede hacerse”, aseguró.

Previo a la obtención de este cargo, Raúl era el segundo secretario del Partido Comunista, y quizás por esto fue que la elección fue apoyada por la casi totalidad de gobierno. A la hora de formar el mismo, Raúl decidió seleccionar mayoritariamente a hombre de su edad, sobre todo aquellos que acompañaron a los hermanos castro en el camino de la revolución.

Entre estos, encontramos al primer vicepresidente José R. Machado, y a varios generales (siendo el ministro del interior y de fuerzas armadas dos de los cargos más importantes). Este cambio de dirigentes gubernamentales que realizó Raúl implica, en cierta forma, que los líderes que acompañaban a Fidel fueron en su mayoría relegados a un segundo plano.

Si bien comparten la misma sangre, y los dos hermanos castro fueron líderes de la revolución, Raúl decidió realizar una serie de cambios respecto al gobierno predecesor, el cual estaba a cargo de su hermano. Estos cambios se dieron, sobre todo, en el área económica y en el plano internacional. Así mismo, Raúl ha tenido que sacar al país de situaciones complicadas tales como los horrorosos huracanes que arrasaron con pueblos y cosechas enteras.

Respecto a las actuales aspiraciones del gobernador, el mismo asegura que se concentran en cuatro ejes: reforma agraria, existencia de un mercado interno, aumento de salarios, y proliferación de las relaciones internacionales de su país.

Sobre las primeras dos, se puede decir que el avance ha sido lento, pero al menos ha existido. Como consecuencia de esto, terrenos fueron repartidos a 50 mil familias. Lógicamente, este avance parece increíble, pero no tanto si tenemos en cuenta que aún hay un gran porcentaje de tierras sin trabajar, y la mayoría de estas tierras está actualmente en manos de granjas estatales.

Con relación a la reactivación del mercado interno, el 2008 ha sido un año de crecimiento en el área de tecnología, principalmente celulares, electrodomésticos, motos y computadoras. Lamentablemente, el crecimiento parece haber quedado estancado.

El valor de los salarios de acuerdo a la cantidad horaria y el tipo de trabajo realizado (es decir la eliminación del tope salarial mediante el cual todos ganan lo mismo), es uno de los más esperados por la población, la cual sin lugar a dudas, no está recibiendo los ingresos para vivir correctamente. Sin embargo, el punto más importante es el que ha sido relegado a segundo plano por la burocracia estatal.

La justicia había ordenado el jueves la liberación de Astiz, de 57 años, alias “el ángel rubio de la muerte”, y la de otros oficiales acusados de crímenes contra la humanidad. Astiz y otros oficiales que integraban escuadrones de la muerte iban a seguir de todos modos en prisión esperando el juicio, mientras se tramitaban anunciadas apelaciones, entre ellas una de la querella, y se disponían los montos de fianzas de la caución legal correspondiente.

La suspensión de la decisión vino aparejada por la advertencia gubernamental. Tras el fallo del jueves, el gobierno informó también la intención de impulsar el juicio político de los jueces que ordenaron la liberación de 17 personas acusadas de delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, entre ellos Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta. Éste se desempeñaba como jefe de inteligencia del grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) uno de los más grandes centros de tortura y exterminio de prisioneros políticos, que también integraba Astiz.

El accionar de Acosta consistía en el seguimiento y posterior secuestro de disidentes, que luego eran llevados al complejo naval donde se los sometía a torturas. El controvertido fallo podría abrir las puertas de la libertad a decenas de otros represores acusados de violaciones a los derechos humanos, “Vamos a pedir el juicio político” de los jueces que tomaron esa decisión, dijo el secretario de Derechos Humanos Eduardo Duhalde.

El argumento de los miembros del tribunal es que la prisión preventiva que cumplían los ex marinos superaba los tres años establecidos por la ley. Acosta estaba detenido desde agosto de 2001 y el resto de los ex marinos desde setiembre de 2003.

Fuente: Diario Clarín Argentina

El ex partido gobernante, Partido del Poder Popular (PPP) y sus 37 dirigentes, fue desterrado por la Corte Constitucional, quien lo halló culpable del delito de ‘compra de votos’, fallo que fue votado por unanimidad por los nueve miembros del alto tribunal, designados todos ellos –como dijimos- por el pasado régimen militar. Esta sentencia también disolvió a otros dos pequeños partidos políticos que integraban la coalición oficialista.

Según el presidente de la Corte, Chat Connlaworn, “como el tribunal decidió disolver el PPP, se les prohibió actuar en política al líder del partido y a sus ejecutivos”. La jefatura del gobierno fue asumida por quien oficiaba de viceprimer ministro Chavarat Charnvirakul, sustituyendo quien era el primer ministro Somchai Wongsawat.

En setiembre del 2006, el golpe de Estado apuntó contra el partido Tailandeses que Aman a Tailandia (Thau Rak Thai, TRT), que fue desalojado luego de ganar dos elecciones. 111 de sus principales dirigentes fueron proscriptos por delitos electorales supuestamente cometidos en los comicios parlamentarios de abril de 2006. Sus miembros formaron del PPP para eludir la prohibición.

“La Corte Constitucional que hundió al TRT fue una creación del régimen militar. Y las normas que invocaron eran decretos de la junta, dictados para impedir que volviera al poder aquel poderoso partido, con fuerte arraigo entre los pobres de áreas rurales que constituyen la mayoría del electorado”, informa el servicio de noticias IPS.

Desde mayo de este año, el PPP fue atacado en varias oportunidades por la Alianza Popular para la Democracia (APD), partido compuesto mayoritariamente por residentes urbanos de clase media y de la elite conservadora. Estos se movilizaron para que el gobierno renunciara y luego en reclamo de un golpe de Estado que finalmente se concretó.

La APD también pretende que tan sólo un 30 por ciento de los parlamentarios sean elegidos en las urnas y que el restante 70 por ciento sea designado “a dedo”. Luego del golpe del martes, la APD dejó sin efecto el bloqueo del principal aeropuerto internacional y otro de alcance local que mantenían ocupados por la fuerza.

“La afinidad del ejército con este movimiento era evidente, y desde este martes también lo es la simpatía de la Corte Constitucional. Las movilizaciones callejeras del PPP en respuesta a las de la APD derivaron en choques fatales entre las dos irreconciliables corrientes de la política nacional”, sostuvo la corresponsal de IPS.

En esta presentación Why We Need a Green Revolution, Thomas Friedman denuncia el funcionamiento de las dictaduras y guerras por el petróleo.

Vía | The Daily Galaxy