Indígenas protestan contra ley de explotación minera aprobada por Correa

El martes Ecuador vivió la primera protesta indígena durante el gobierno de Rafael Correa.

Las movilizaciones se produjeron por la disconformidad de la  Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), ante la aprobación de parte del presidente de la norma anteriormente aprobada por el Legislativo, en referencia a la ley que autoriza la actividad de las transnacionales mineras en territorio ecuatoriano.

La CONAIE se movilizó en nueve de las veinticuatro provincias del país, provocando cortes en las carreteras, mientras que en Quito se realizó una concentración en las afueras de la sede del Poder Legislativo.

Desde el gobierno se desestimó la fuerza de la movilización. El Ministro del Gobierno, Fernando Bustamante dijo que “la movilización fue débil” y aclaró que en líneas generales fue pacífica.

Por su parte, Carlos Pérez, dirigente de la CONAIE dijo a la agencia AFP que “la movilización fue absolutamente exitosa”. Mientras tanto, otro dirigente de la organización, Humberto Cholango, informó que la policía detuvo a cuatro manifestantes en la provincia de Imbabura (al norte de Ecuador).

Bustamante confirmó estas detenciones y las de otras cinco personas, producidas en la misma zona, e informó que seis policías resultaron heridos.

La CONAIE, que exige al Estado la prohibición de la explotación minera de fuentes de agua, humedales, y parques nacionales, como forma de dar protección a la biodiversidad, parece dispuesta a enfrentarse al gobierno por la nueva ley.

Marlón Santi, presidente de la organización dijo que “Las comunidades que van a ser afectadas en el futuro han tomado resoluciones de que en sus espacios de vida no prosperará esta ley. Se hará desobediencia civil y habrá resistencia”.

El dirigente indígena agregó que “muchas empresas fueron expulsadas de los territorios indígenas y eso va a ocurrir… va a generar un problema al gobierno y muchos pueblos no van a aceptar la presencia de transnacionales”.

El gobierno entiende que las protestas tienen un trasfondo político, y que a través de estas hay un intento de desestabilización institucional, y la intención de los líderes indígenas de aliarse con el Partido Sociedad Patriótica (PSP) del ex presidente Lucio Gutiérrez.

Por su parte la CONAIE negó las acusaciones y reafirmó su “vocación democrática y de respeto a la Constitución”, y su interés, en relación a la resistencia a esta ley, de preservar los recursos naturales del país.

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