Estalló escándalo de espionaje en Colombia

Una información divulgada por la revista “Semana”, en torno a escuchas telefónicas desarrolladas en Colombia por el DAS, servicio de inteligencia del gobierno de ese país, puso en aprietos al presidente Uribe, de quien depende directamente el organismo.

Semana informó que el DAS espiaba a políticos, periodistas y magistrados opositores all gobierno, pero también a funcionarios y aliados de este.

Entre los espiados se encuentran el senador de izquierda, Gustavo Petro; y la dirigente liberal, Piedad Córdoba, reconocida por su intermediación en las últimas liberaciones de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); además del jefe de seguridad del presidente Uribe; el secretario de la presidencia, Bernardo Moreno, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; y el director de la Policía, general Oscar Naranjo, entre otros.

Uribe salió rápidamente al cruce de las versiones, indicando que “Jamás he dado ni una sola orden para que se vigile la vida privada de las personas”, a lo que agregó que esto es obra de “una banda mafiosa que le hace daño por igual a la democracia colombiana, a la libertad, al país y al propio gobierno”, en alusión a un grupo de funcionarios del DAS.

Por su parte, la oposición reaccionó al hecho. “Está quedando al desnudo una política oficial de interceptación y vigilancia policíaca a los contradictores”, declaró el portavoz en ell Congreso del partido Liberal, Héctor Helí Rojas, quien pidió la creación de un nuevo organismo “con carácter civil y respeto a los derechos humanos”.

Mientras que desde la coalición de gobierno también se exigió un tratamiento riguroso del tema; precisamente el presidente del Congreso, Hernán Andrade reclamó “medidas ejemplares y reformas de fondo, para cortar de tajo la corrupción interna” en el DAS.

También se expresó la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con varios de sus magistrados entre los afectados por los espionajes. El órgano calificó el hecho como “un aleve atentado contra la democracia y la libertad de opinión”, y reclamó al fiscal general resultados rápidos sobre los autores “de tan reprochable conducta realizada con un designio criminal que la Corte desconoce”.

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