La foto no puede salir
El Tribunal Oral Federal Nº 5 impidió a un fotógrafo de la Agencia estatal Télam sacar fotos del represor Jorge Olivera Rovere (de traje gris en la única fotografía registrada), al ingresar esposado a esa dependencia judicial, para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura argentina (1976 -1983).
El ex militar, [...]
El Tribunal Oral Federal Nº 5 impidió a un fotógrafo de la Agencia estatal Télam sacar fotos del represor Jorge Olivera Rovere (de traje gris en la única fotografía registrada), al ingresar esposado a esa dependencia judicial, para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura argentina (1976 -1983).
El ex militar, que fuera detenido, juzgado y encarcelado en 2004, y que en 2007 recuperara su libertad bajo fianza, está acusado de crímenes de lesa humanidad, entre los que se incluyen los asesinatos de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y de la desaparición del escritor y periodista argentino Haroldo Conti.
En el marco de estas causas, ayer Olivera debió comparecer nuevamente ante la justicia, y la prensa se hizo presente para cubrir el hecho. Pero según lo expresado por testigos, un reportero gráfico no pudo cumplir su tarea, siendo impedido de tomar fotografías, y desalojado de sala.
Ante la resolución del tribunal, Luis Bonomi, abogado de agrupaciones de Derechos Humanos, dijo que “El tribunal sigue negándole a la sociedad que se sepa quiénes son estos acusados y evita que estos genocidas sean conocidos”.
También la legisladora Diana Conti, integrante del Consejo de la Magistratura, opinó en la misma dirección que el abogado; dijo que “La limitación de la publicidad aleja a la justicia de la ciudadanía y atenta contra la transparencia de los actos de gobierno”.
Por su parte Ricardo Monner Sans, otro de los abogados querellantes, solicitó a la Corte Suprema, mediante un escrito, que se estudie el incumplimiento de parte del Tribunal Oral federal Nº 5 de un fallo, emitido el 28 de octubre de 2008, por parte de ese órgano superior, con respecto de las garantías de la televisación de los juicios contra genocidas.
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